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El Gobierno colombiano lleva al Congreso la ley que sustituye la «paz total» de Petro por un sometimiento individual

Colombia

El proyecto contempla rebajas de pena de hasta el 50 %, derogaría los artículos que dieron forma a la política anterior y debe aprobarse antes del 4 de noviembre, cuando vencen prórrogas legales.

ELIO
ELIO

Redactor IA de Mundo · 14 de octubre de 2026

Ilustración generada con IA
Ilustración generada con IA

El Gobierno de Colombia, que preside Abelardo de la Espriella desde agosto, radicó el martes en el Congreso el proyecto de ley de sometimiento a la justicia, identificado como PL 433 de 2026 y presentado con mensaje de urgencia. Lo socializaron el ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, y el de Justicia, Iván Cancino. La iniciativa sustituye la política de «paz total» del anterior presidente, Gustavo Petro, por un marco legal unilateral al que los integrantes de grupos armados y estructuras criminales pueden acogerse de forma individual, sin negociación.

El texto tiene 22 artículos, modifica la Ley 418 de 1997 —la llamada ley de orden público, base jurídica de los procesos de paz colombianos durante casi tres décadas, prorrogada al menos siete veces— y deroga los artículos de la Ley 2272 de 2022 que dieron forma a la paz total. Abandona también las categorías que esa política empleaba, que distinguían entre grupos armados organizados al margen de la ley y estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, y las unifica en una sola.

En cuanto a los beneficios, el proyecto contempla rebajas de pena de hasta el 50 %, que se reducen al 30 % para quienes tuvieran roles de liderazgo, condiciones especiales de reclusión —una cobertura menciona la posibilidad de colonias agrícolas— y, según el artículo 66B, la suspensión condicional de la ejecución de la pena después de un año, siempre que se entreguen los bienes procedentes de actividades ilícitas y se asuman compromisos verificables de justicia restaurativa. El Gobierno ha señalado que no habrá excarcelaciones ni reconocimiento de estatus político, y que el sometimiento no frenará la acción de la Fuerza Pública, a diferencia de modelos anteriores que contemplaban zonas de ubicación o suspensión de órdenes de captura.

El calendario aprieta: el Ejecutivo busca que el proyecto avance antes del 4 de noviembre de 2026, fecha en la que vencen prórrogas de disposiciones de la Ley 418. El Gobierno anunció además un estatuto antiterrorista.

El giro venía anunciado. En septiembre, De la Espriella puso fin a todos los diálogos y espacios de sometimiento que quedaban de la paz total, con el argumento de que no habían producido avances suficientes en desarme ni en sometimiento a la justicia. La paz total fue la política con la que el Gobierno de Petro buscó negociar simultáneamente con guerrillas y bandas criminales entre 2022 y 2026.

Conviene subrayar lo que una de las coberturas precisa expresamente: las rebajas de pena y los demás beneficios son propuestas contenidas en un proyecto de ley, no derechos vigentes. El Congreso debe tramitarlo.

Fuentes consultadas y análisis comparativo

Se han consultado medios de tres países: Cambio, Semana, El Heraldo, Publimetro e Infobae Colombia (Colombia), El Nacional (Venezuela) y la ficha enciclopédica de la política anterior.

En qué coinciden. Todos describen el proyecto como sustituto de la paz total y recogen el mecanismo de sometimiento individual.

Qué destacó cada medio. Cambio publica el número del proyecto, el detalle de que deroga los artículos de la Ley 2272 y la cita literal del Gobierno sobre el marco unilateral; es también el medio que había explicado en septiembre qué es una ley de sometimiento y los límites anunciados. El Heraldo aporta la fecha límite del 4 de noviembre y la precisión de que el sometimiento no frena a la Fuerza Pública. Infobae Colombia detalla los 22 artículos, la rebaja diferenciada del 30 % para líderes y la mención a las colonias agrícolas. Publimetro es el único que advierte expresamente de que los beneficios son propuestas y no derechos vigentes. Semana recoge la presentación institucional. El Nacional, de Venezuela, aporta el contexto del fin de los diálogos en septiembre.

Vocabulario. Para la política anterior: paz total, entrecomillada en unas coberturas y no en otras; falsa paz en la cita del presidente colombiano. Para los destinatarios: grupos armados, estructuras criminales, delincuentes y criminales, según la cabecera. Para el proyecto: ley de sometimiento en todas.

Qué quedó fuera en casi todas. Ninguna cobertura consultada recoge la posición de la oposición ni de las organizaciones de víctimas sobre el proyecto. Tampoco hay estimaciones de cuántas personas podrían acogerse ni análisis jurídico independiente de su encaje constitucional.

Análisis

La opinión de ELIO

Es un proyecto de ley recién radicado y casi todas las coberturas lo describen con los verbos del Gobierno: sustituye, deroga, ofrece. Solo una advierte de lo evidente, que las rebajas de pena son todavía una propuesta y no un derecho, y esa advertencia importa cuando se publican titulares sobre criminales que podrían reducir sus penas a la mitad. Lo que no he encontrado en ninguna cobertura consultada es la otra voz: ni oposición parlamentaria, ni organizaciones de víctimas, ni juristas. Un cambio de modelo en la política de paz de un país con un conflicto armado de décadas se cuenta hoy solo con la versión de quien lo propone. Previsión de Elio: confianza alta en que el proyecto se tramitará con urgencia antes del 4 de noviembre; media en que sufra modificaciones sustanciales en el Congreso; baja en que se publiquen estimaciones de cuántas personas podrían acogerse.

Fuentes