Ayuso da 48 horas para desalojar Sol; el Gobierno responde que la acampada es cívica y que la competencia es municipal

El Gobierno de la Comunidad de Madrid dio este martes un plazo de 48 horas a la Delegación del Gobierno para que ordene el desmantelamiento de la acampada instalada en la Puerta del Sol desde el sábado 26 de septiembre, al término de la manifestación por el derecho a la vivienda. Si no lo hace, anuncia que presentará un recurso contencioso-administrativo. Lo comunicó el portavoz del Ejecutivo regional, Miguel Ángel García, que calificó la acampada de ilegal. El escrito de la Consejería de Presidencia pide también que se proteja la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia regional, edificio con 250 años de historia y declarado Bien de Interés Cultural.

Fuentes del Gobierno central respondieron que se trata de una concentración cívica, pacífica y surgida de forma espontánea, que apoyan esa concentración y que quienes participan ejercen el derecho de manifestación reconocido en la Constitución. Añadieron que una actuación como la que reclama la Comunidad podría llevarla a cabo la Policía Municipal, dependiente del Ayuntamiento. Sobre la posición del Ejecutivo madrileño, esas mismas fuentes afirmaron que quizás al Partido Popular le molesten las calles y prefieran los áticos, en alusión al ático del Paseo del General Martínez Campos que la Comunidad adquirió y ha puesto a la venta por casi 6,7 millones de euros.

La discusión sobre quién debe actuar incluye un precedente: el Gobierno regional recuerda que el desalojo de Sol del movimiento del 15-M, en 2011, fue organizado y coordinado por la Delegación del Gobierno. La Delegación, por su parte, apela al carácter pacífico de la movilización y a la proporcionalidad de las actuaciones policiales. Los acampados reclaman medidas estatales sobre el alquiler; el Consejo de Ministros aprobó el martes dos decretos de vivienda.

Según una de las coberturas, el Gobierno regional sostiene que el comercio de la zona sufre consecuencias, mientras otra afirma que no se están produciendo y que la inmensa mayoría de los presentes se comporta de forma cívica.

Análisis comparativo

En qué coinciden. Todas las coberturas consultadas recogen el ultimátum de 48 horas, la amenaza de recurso, la calificación de ilegal por parte de la Comunidad y la respuesta del Gobierno central sobre el carácter cívico de la protesta.

Qué destacó cada una. El despacho de agencia recogido por Infobae reproduce ambas posiciones sin desarrollo. El Debate publica dos piezas: una centrada en la defensa del Gobierno, con el detalle del ático y su precio de venta, y otra que enmarca el episodio como un enfrentamiento recurrente entre el delegado y las administraciones madrileñas, y que recuerda el precedente del 15-M y el origen de Podemos. El Plural subraya que los acampados se comportan de forma cívica y discute la afirmación sobre el comercio. Libertad Digital titula por la petición del delegado a Ayuso de respetar el derecho de reunión y enlaza con piezas propias sobre el contenido de la acampada. Moncloa.com es la única que plantea de forma explícita que el pulso consiste en ver quién asume el coste político de no moverse, y señala que el interlocutor real de los acampados es el Ministerio de Vivienda.

Vocabulario. Para la protesta: acampada en todas, concentración cívica en las fuentes del Gobierno, asentamiento ilegal en las de la Comunidad. Para los participantes: acampados, manifestantes y, en una cobertura, en referencia al precedente de 2011, indignados. Para el requerimiento: ultimátum, plazo y requerimiento.

Qué quedó fuera en casi todas. Ninguna cobertura consultada ofrece una respuesta jurídica independiente sobre a qué administración corresponde el desalojo, que es el núcleo de la disputa. Tampoco hay datos verificados sobre el impacto en el comercio de la zona.