Bruselas abre un procedimiento formal contra Booking.com por anuncios fraudulentos, phishing y publicidad no identificada

La Comisión Europea anunció el miércoles la apertura de un procedimiento formal para evaluar si la plataforma de reservas Booking.com ha infringido la Ley de Servicios Digitales —el reglamento europeo conocido por sus siglas en inglés, DSA— al no haber evaluado con la debida diligencia ni mitigado de forma efectiva los riesgos relacionados con los anuncios fraudulentos y las estafas de phishing, es decir, la suplantación de identidad para obtener datos bancarios.

Qué va a examinar exactamente. Según el comunicado de la propia Comisión, la investigación se centra en tres puntos: si la plataforma identificó y evaluó adecuadamente los riesgos sistémicos vinculados a la difusión de contenidos ilegales —alojamientos inexistentes, fraude por suplantación de identidad, alojamientos que incumplen la normativa—; si adoptó medidas eficaces para mitigar esos riesgos eliminando los anuncios fraudulentos; y si cumple las obligaciones de transparencia publicitaria, ya que los usuarios deberían poder reconocer con claridad que los llamados anuncios destacados son publicidad. Los proveedores de alojamiento pueden aumentar la visibilidad de sus fichas en los resultados de búsqueda pagando una comisión más elevada.

Qué es y qué no es. La apertura de un procedimiento formal no implica que exista una infracción: es el paso que permite a la Comisión investigar con más herramientas y, en su caso, adoptar medidas. Nada está acreditado a esta hora.

El contexto del fraude. Las estafas que utilizan la marca Booking.com son un problema documentado: investigadores de seguridad han descrito campañas en las que los atacantes comprometen la cuenta de un hotel en la plataforma, obtienen la lista de clientes con sus datos de reserva y les escriben desde esa cuenta legítima pidiéndoles que verifiquen su tarjeta en una página idéntica a la original. El hecho de que el mensaje llegue desde el hotel es lo que da credibilidad al engaño.

Por qué importa en América Latina. La Ley de Servicios Digitales solo se aplica en la Unión Europea, pero Booking.com es una de las plataformas de reserva más utilizadas por viajeros de todo el ámbito hispanohablante, y el tipo de fraude que investiga Bruselas —correos desde cuentas de hotel comprometidas— funciona igual en cualquier país. Lo que se decida en este expediente puede marcar el estándar que la empresa aplique después en otros mercados.

El mismo día, la Comisión abrió también un procedimiento formal contra la plataforma de comercio electrónico Shein por otros motivos, entre ellos el diseño adictivo de su aplicación y la venta de productos ilegales.

Fuentes consultadas y análisis comparativo

Se han consultado el comunicado oficial de la Comisión Europea, además de Hosteltur (España), Público (España), Demócrata (España), Hola News y Unitel (Bolivia), con despachos de EFE y Europa Press.

Una sola fuente original. Todas las coberturas consultadas proceden del comunicado de la Comisión, reproducido por dos agencias. No hay en ninguna de ellas una sola voz externa: ni de asociaciones de consumidores, ni de hoteleros, ni de expertos en seguridad. La información es exacta porque la fuente es primaria y pública, pero no hay contraste.

Qué destacó cada medio. Hosteltur, especializado en turismo, es el único que recoge íntegra la respuesta de Booking.com y el que mejor explica el mecanismo de los anuncios destacados desde la perspectiva del sector. Demócrata publica el fragmento más extenso del comunicado de la empresa, incluida su referencia al trabajo con fuerzas de seguridad. Los despachos de EFE —reproducidos por Unitel y Hola News— son los más detallados en la enumeración de los riesgos sistémicos que examinará la Comisión. Público resume el expediente sin añadidos.

Vocabulario. Para la actuación de Bruselas: investiga, abre expediente, incoa un procedimiento formal —esta última, la fórmula del comunicado—. Para lo que se imputa: presuntos incumplimientos en unas coberturas; en otras, directamente «por no frenar el phishing», que da por hecho lo que se investiga.

Qué quedó fuera en todas. Ninguna cobertura consultada explica qué sanción podría acarrear el expediente ni en qué plazos se resuelve, que es lo que permitiría medir su alcance. Tampoco hay datos sobre el volumen de fraude detectado en la plataforma.