El decreto contra los «fondos buitre» no usa esa expresión en sus 96 páginas y fija el límite en el 70 % del valor de tasación

El Gobierno publicó este miércoles en el Boletín Oficial del Estado el primero de los dos decretos de vivienda aprobados el martes en Consejo de Ministros. El Real Decreto-ley 26/2026 tiene 96 páginas y no emplea ni define la expresión fondo buitre, que sí utilizó el Ejecutivo al presentarlo; el texto habla de protección de la función social de la vivienda y frente a la especulación.

Su artículo 1 establece que, desde la entrada en vigor y hasta el 31 de diciembre de 2028, toda entidad con o sin personalidad jurídica que incluya en su objeto social la adquisición de inmuebles tendrá limitada la compra de una vivienda, a título gratuito u oneroso, por un precio inferior al 70 % de su valor de tasación de mercado. La exposición de motivos justifica ese porcentaje como mecanismo para identificar operaciones de oportunidad, es decir, carteras adquiridas a precio de saldo a entidades bancarias, a la Sareb o a particulares en dificultades, sin afectar a las compraventas habituales entre familias, que suelen cerrarse a precios cercanos al valor de tasación.

El decreto amplía hasta el 31 de diciembre de 2030 la protección frente a los desahucios de personas vulnerables y sin alternativa habitacional. Los inquilinos con contratos vigentes hasta el 31 de diciembre de 2028 podrán solicitar una prórroga extraordinaria de hasta dos años adicionales, por plazos anuales y manteniendo los términos del contrato en vigor, siempre que estén al corriente de pago y lo hayan estado durante los ocho meses anteriores. Endurece además las reglas de los alquileres de temporada y limita temporalmente las actualizaciones de renta.

El segundo decreto, el de la renovación automática, no se había publicado en el BOE a la hora de escribir esta pieza. Según el documento al que tuvo acceso eldiario.es, establece que el propietario deberá indemnizar al inquilino con un año de renta si incumple esa prórroga, que la renovación será indefinida, que los grandes tenedores deberán aceptar una prórroga extraordinaria de un año cuando el inquilino acredite vulnerabilidad económica y social, y que cuando el arrendador sea una empresa la prórroga ordinaria al vencimiento será de siete años en lugar de cinco.

En paralelo, el Gobierno negocia los apoyos para convalidar ambos textos en el Congreso. Feijóo anunció que el PP votará en contra de lo que llamó decretos trampa; Junqueras confirmó que ERC los apoyará pese a considerarlos insuficientes; Sumar sostiene que no valdría aprobar solo uno de los dos; y Junts habla de improvisación y contradicción. Los acampados en la Puerta del Sol pasaron su cuarta noche en la plaza, molestos porque las medidas se hayan repartido en dos textos.

Análisis comparativo

En qué coinciden. Todas las coberturas consultadas parten del texto publicado en el BOE, destacan que la expresión fondo buitre no aparece en la norma y sitúan el umbral en el 70 % del valor de tasación.

Qué destacó cada una. El despacho de EFE recogido por Infobae detalla las condiciones de la prórroga extraordinaria, incluido el requisito de los ocho meses al corriente de pago. eldiario.es publica dos piezas: una sobre el articulado del decreto publicado, con la excepción de las ejecuciones hipotecarias, y otra con el contenido del segundo decreto, aún no publicado, al que dice haber tenido acceso. El Plural subraya que un fondo podrá comprar por el 70,1 % del valor y detalla las dos excepciones. La pieza propia de Infobae añade que el decreto permite desahuciar a inquilinos que no cumplan determinadas condiciones. Mundiario resume el conjunto y enmarca la norma como una ampliación de la protección frente a los desahucios.

Vocabulario. Para los compradores institucionales: fondos buitre en casi todos los titulares, fondos de inversión especulativos y entidades con objeto social de adquisición de inmuebles en el texto legal. Para la medida: prohibición en unas coberturas, limitación en el articulado. Para el conjunto del texto: letra pequeña en la mayoría de titulares.

Qué quedó fuera en casi todas. El contenido del segundo decreto procede de un documento no publicado al que solo una cabecera dice haber accedido, y las demás lo reproducen sin verificación propia. Ninguna cobertura consultada cuantifica cuántas operaciones quedarían efectivamente afectadas por el umbral del 70 %.